Tras la Guerra de la Independencia, las Cortes se reúnen en Madrid en octubre de 1813. Poco después, Napoleón reconoce a Fernando VII como rey de España, que entra el 22 de marzo de 1814 camino de Valencia con el apoyo general de la población y recibe de la mano de un grupo de diputados afectos a su persona, el llamado Manifiesto de los Persas que representa una declaración en favor de la restauración absolutista.
El 4 de mayo Fernando VII decreta ilegales las Cortes de Cádiz y su obra legislativa, fundamentalmente la Constitución de 1812, la abolición de la Inquisición y las recién inauguradas Diputaciones Provinciales. Muy pocas son las personas que manifiestan su hostilidad al monarca tras el decreto de 4 de mayo. Hay que tener en cuenta que la constitución de 1812 no beneficiaba en absoluto a los campesinos, ya que les quitaba la propiedad jurisdiccional de las tierras que les permitía hacer un uso usufructuario de las mismas, sin perjuicio de los impuestos que tenían que pagar al noble. Por esta razón, el campesinado apoyó a Fernando VII y posteriormente a su hermano Carlos que representaba la opción antiliberal. Tras la derogación de la constitución de 1812 (la Pepa), los militares liberales son trasladados y arrestados en África; y los disturbios en Madrid, de poca entidad, son acallados rápidamente por el ejército. Se restablece el Consejo de Castilla, se destituye a los alcaldes, se restablecen las capitanías generales, regresa la Compañía de Jesús, se reaviva la Inquisición y se persigue a los afrancesados.