La gran redada de 1749 en Córdoba

La Gran Redada de 1749, también conocida como Prisión General de Gitanos, fue una operación autorizada por el rey Fernando VI y organizada por el Marqués de la Ensenada, que se inició de forma sincronizada en toda España a partir del 30 de julio de 1749. Su objetivo era el arresto y reclusión de todos los gitanos del reino, con la intención final de lograr la "extinción" de esta etnia mediante la separación de hombres y mujeres para impedir su reproducción. Esta medida represiva también afectó a la población gitana asentada en Córdoba y su provincia.

Antecedentes

La política hacia el pueblo gitano en España había sido restrictiva durante siglos. Ya los Reyes Católicos dictaron una pragmática sanción en 1499 que establecía penas para los gitanos que no tuvieran residencia fija y oficio conocido. Sucesivos monarcas, como Carlos V, Felipe II o Felipe III, emitieron órdenes y pragmáticas con el fin de controlar y asimilar a la población gitana, instándoles a avecindarse, adoptar oficios conocidos y vivir conforme a las leyes castellanas y las enseñanzas cristianas.

En 1717, una nueva pragmática de Felipe V obligó a los gitanos a residir únicamente en un número limitado de ciudades, entre las que se encontraba Córdoba. El Marqués de la Ensenada, figura clave en el gobierno de Fernando VI, consideraba la cuestión gitana como un problema a resolver en el marco del Despotismo Ilustrado, que buscaba la homogeneización y el control social.

Un paso previo crucial fue la Real Orden de 30 de abril de 1745, que ordenó la confección de padrones de gitanos, y una gestión diplomática que culminó en 1748 con un decreto pontificio del papa Benedicto XIV, obtenido por mediación del nuncio Valenti, que excluía a los gitanos del derecho de asilo eclesiástico.

La planificación y ejecución

El Consejo de Castilla, presidido por Gaspar Vázquez de Tablada, acordó inicialmente el arresto de todos los gitanos para su deportación a América. Sin embargo, el Marqués de la Ensenada, encargado de la logística, argumentó las dificultades de tal empresa y propuso un "exterminio biológico" mediante la separación por sexos para impedir la procreación. El rey Fernando VI firmó la Real Orden el 5 de julio de 1749.

La operación se llevó a cabo con gran secretismo y coordinación. En la medianoche del 30 de julio de 1749, fuerzas militares y justicias locales irrumpieron en los asentamientos gitanos de todo el país, incluyendo Córdoba. Se estima que entre 9.000 y 12.000 gitanos fueron apresados en toda España. Los hombres fueron enviados principalmente a los arsenales de la Marina (La Carraca en Cádiz, El Ferrol, Cartagena) para trabajos forzados, o a las minas de Almadén. Las mujeres y los niños menores de siete años fueron recluidos en casas de misericordia o edificios habilitados, como la Alcazaba de Málaga o la Real Casa de Misericordia de Zaragoza. Los bienes de los gitanos fueron confiscados para sufragar los costes de la operación.

La Redada en Córdoba

Antes de la Gran Redada, la población gitana de Córdoba solía residir en las inmediaciones de la ciudad y extramuros, especialmente en el Campo de la Verdad, junto al río, donde se encontraba la entonces llamada Calle de los Gitanos, y en la ribera, dedicándose a menudo a la cría y trato de ganado equino. Los padrones domiciliarios de la época raramente especifican el origen étnico, dificultando un seguimiento preciso, aunque existen excepciones puntuales de "castellanos nuevos" o gitanos empadronados intramuros, como en Arroyo de San Lorenzo en 1702.

La mañana del 30 de julio de 1749, las compañías del Ejército también irrumpieron en las gitanerías de Córdoba, cumpliendo la orden de Fernando VI de apresar a todos los gitanos, con órdenes de matar a quien se resistiese y duras penas para quienes los encubriesen. Aunque los detalles específicos de la operación en Córdoba son escasos en la documentación conocida hasta ahora, se sabe que los hombres adultos de Córdoba sufrieron el mismo destino que los del resto del reino: trabajos forzados en galeras (formando parte de la "chusma"), en los astilleros de Cádiz y otras ciudades, o en las minas de Almadén, con una alta tasa de mortalidad.

Fracaso del plan y consecuencias

El plan de exterminio se reveló insostenible por su magnitud, los costes y la resistencia de los propios gitanos, que protagonizaron motines y fugas. Además, las quejas de diversas autoridades y personas influyentes, e incluso la intervención del confesor real Francisco Rávago, llevaron a una revisión de la medida. En octubre de 1749, una Real Orden dispuso la liberación de aquellos gitanos que pudieran acreditar una "buena forma de vida", aunque muchos permanecieron encarcelados por carecer de medios o influencias.

La prisión general se prolongó para muchos hasta 1765, cuando el rey Carlos III concedió un indulto general. En 1783, una nueva pragmática impulsada por el Conde de Floridablanca marcó un cambio en la política, buscando la asimilación en lugar de la exclusión y reconociendo que "los gitanos no provenían de raíz infecta alguna".

En Córdoba, tras estos sucesos, los padrones comienzan a registrar la presencia de familias gitanas intramuros de forma más notable a partir de 1821, en calles cercanas al río como la calle del Pozo de Cueto y la calle Cara, conformando un área que llegó a conocerse como el "Barrio de los Gitanos". También existe una Calleja de los Gitanos junto al arco alto de la Plaza de la Corredera.

Historiografía

La Gran Redada fue un acontecimiento "sistemáticamente silenciado" durante mucho tiempo. El periodista e investigador cordobés Antonio Gómez Alfaro fue pionero en el estudio de este suceso, sacando a la luz documentos clave a través de su tesis doctoral "El expediente general de gitanos", posteriormente editada como "La Gran Redada", desvelando la magnitud y los detalles del plan de exterminio.