El aparcamiento subterráneo de la Avenida del Gran Capitán en Córdoba fue un proyecto urbanístico que generó un notable debate público y una importante intervención arqueológica debido a los restos históricos descubiertos durante su construcción en 1984.
Contexto e inicio de las obras
La construcción del aparcamiento en la Avenida del Gran Capitán se planteó como una solución a los problemas de estacionamiento en el centro de la ciudad. Las obras comenzaron a revelar importantes vestigios arqueológicos, lo que motivó la intervención de diversas instituciones.
El aparcamiento del Gran Capitán fue un proyecto que mantuvo el Ayuntamiento de Córdoba a principios de los años 80 como forma de proveer de aparcamiento a los residentes y compradores del centro comercial de la ciudad. El día 1 de marzo de 1984 se aprueba en el Pleno la construcción del parking.
A finales de junio, principios de julio del año 1984 comienzan las obras del aparcamiento del Gran Capitán, pero comienzan a aparecer restos desde los primeros días como el del día 26 de julio cuando sale a la luz el primer mosaico. Posteriormente en agosto siguen haciéndose públicos nuevos restos arqueológicos.
Hallazgos arqueológicos
Desde septiembre de 1984, las excavaciones para el aparcamiento sacaron a la luz diversos restos. La Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y la Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba iniciaron una investigación conjunta.[1]
Entre los descubrimientos destacaban un muro de sillería, restos cerámicos y, notablemente, dos estructuras absidiales de época romana. Una de estas estructuras ya se conocía parcialmente bajo el edificio de la antigua Caja Provincial de Ahorros, mientras que la segunda emergió con la apertura de la zanja para el aparcamiento. Los trabajos de documentación y estudio contaron con la colaboración del Departamento de Topografía de la Escuela de Ingenieros Técnicos de Minas de Belmez.[2]
El arqueólogo Alejandro Ibáñez Castro, director de las Excavaciones de Urgencia, señaló que la zona de interés arqueológico se extendía hasta el tramo final de la avenida, frente al entonces Banco de Jerez y el Gran Teatro de Córdoba. Para abordar la magnitud de los hallazgos, se planificó un estudio en tres fases: limpieza del terreno, realización de sondeos y un estudio sistemático por parte de la Escuela de Minas de Belmez. El Ayuntamiento de Córdoba acordó con el INEM la contratación de más personal para estas tareas.[3]
Polémica y debate público
La aparición de los restos y la gestión de las obras generaron un intenso debate en la ciudad, con diversas posturas sobre cómo compatibilizar la necesidad del aparcamiento con la preservación del patrimonio.
Postura inicial del Ayuntamiento
En octubre de 1984, la Alcaldía de Córdoba emitió una nota pública para contrarrestar lo que consideraba "rumores y especulaciones". En ella, se afirmaba que:
- Las obras no se encontraban interrumpidas.
- El contrato con la empresa adjudicataria contemplaba la resolución de posibles hallazgos arqueológicos, según informes de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Córdoba.
- El coste de la obra del aparcamiento corría a cargo de la empresa concesionaria.
- Existía un proyecto de pavimentación de la Avenida del Gran Capitán que aún no era conocido en detalle por la Corporación municipal.
- No se había tomado decisión alguna sobre la imposición de contribuciones especiales a los ciudadanos por la obra.[4]
- El Ayuntamiento de Córdoba manifestó su intención de compatibilizar el nuevo servicio con "la recuperación de una imagen histórica de la ciudad de Córdoba".[5]
Un editorial del periódico El Pregonero de noviembre de 1984 reflexionaba sobre el dilema entre el desarrollo urbano y la conservación del patrimonio, señalando que los objetivos del Ayuntamiento de Córdoba y la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía debían ser coincidentes en compatibilizar el aparcamiento con el estudio histórico de los restos. También se apuntaba a la necesidad de que la Junta de Andalucía agilizara los estudios y la toma de decisiones.[6]
Propuestas y opiniones de expertos
Francisco Sebastián Sánchez Prados, en un artículo de opinión, propuso una "salida feliz" que permitiera la conservación "in situ" de la muralla romana hallada, sugiriendo una "Entrada por la puerta grande" para los restos, integrándolos en el proyecto. Mencionó también la existencia de restos de épocas posteriores, como casas solariegas, aunque de más difícil interpretación.
Por su parte, José Luis Jiménez Salvador, profesor del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba, respondió críticamente a la propuesta de Sánchez Prados. Jiménez Salvador argumentó que calificar los restos de "segunda categoría" era un error y que todos ellos eran fundamentales para comprender el urbanismo histórico de Córdoba, no solo el romano. Defendió la necesidad de una documentación arqueológica exhaustiva antes de tomar cualquier decisión que priorizase el aparcamiento sobre la investigación.
Paralización parcial de las obras
En diciembre de 1984, estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba detuvieron simbólicamente los trabajos de movimiento de tierras, alegando que se estaban destruyendo restos históricos. Poco después, la Dirección General de Cultura de la Junta de Andalucía ordenó la paralización parcial de las obras mediante un telegrama.[7]
Reacción del Ayuntamiento a la paralización
La Alcaldía de Córdoba manifestó haber cumplido la orden de paralización, aunque expresó su "extrañeza" por la misma, asegurando que no se había transgredido el pacto alcanzado con la Junta de Andalucía respecto a los restos arqueológicos. Según el Ayuntamiento de Córdoba, este pacto implicaba una ralentización de los trabajos para garantizar la adecuada gestión de los hallazgos, lo que conllevaba un retraso en el proyecto. Se informó que el consistorio había aportado trabajadores, mediante un convenio con el INEM, para colaborar en las tareas del yacimiento arqueológico.[8]
El Ayuntamiento de Córdoba reafirmó su "respeto a los restos hallados" y su soberanía para planificar y ejecutar obras de interés público. Advirtió que, si la paralización ordenada causaba perjuicio económico o se decretaba una paralización definitiva, ejercería acciones legales para exigir responsabilidades. Finalmente, se anunció que el alcalde, Julio Anguita, tenía previsto entrevistarse con Javier Torres Vela, entonces Consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, para tratar de llegar a un acuerdo sobre la situación.[9]
Referencias
- ↑ Alejandro Ibáñez Castro, Los hallazgos de Gran Capitán, El Pregonero, 2 de noviembre de 1984
- ↑ Alejandro Ibáñez Castro, Los hallazgos de Gran Capitán, El Pregonero, 2 de noviembre de 1984
- ↑ Alejandro Ibáñez Castro, Los hallazgos de Gran Capitán, El Pregonero, 2 de noviembre de 1984
- ↑ Redacción, Los rumores sobre el aparcamiento de Gran Capitán no son rigurosos, El Pregonero, 5 de octubre de 1984
- ↑ Redacción, Los rumores sobre el aparcamiento de Gran Capitán no son rigurosos, El Pregonero, 5 de octubre de 1984
- ↑ Editorial, Aparcamiento y Arqueología, El Pregonero, 2 de noviembre de 1984
- ↑ Redacción, En el tema del aparcamiento, el Ayuntamiento defenderá el interés y la prerrogativa municipal, El Pregonero, 16 de diciembre de 1984
- ↑ Redacción, En el tema del aparcamiento, el Ayuntamiento defenderá el interés y la prerrogativa municipal, El Pregonero, 16 de diciembre de 1984
- ↑ Redacción, En el tema del aparcamiento, el Ayuntamiento defenderá el interés y la prerrogativa municipal, El Pregonero, 16 de diciembre de 1984
Los siguientes meses son totalmente estériles porque no se llega a ninguna solución, hasta que en julio del año 1985 se produce el enterramiento del yacimiento arqueológico para crear un gran bulevar peatonal. A la operación de enterramiento propuesta por concejales del Ayuntamiento se le denominó Operación Walkyria