La Guerra Civil en Aguilar de la Frontera comprende los acontecimientos políticos, militares, sociales y represivos ocurridos en Aguilar de la Frontera entre el golpe de Estado de julio de 1936 y el final de la Guerra Civil española en abril de 1939.
La Guardia Civil se sumó a la sublevación el 19 de julio de 1936, ocupó el Ayuntamiento, destituyó a la corporación democrática presidida por el socialista José María León Jiménez y proclamó el estado de guerra. Aunque grupos de trabajadores armados intentaron recuperar la población, las fuerzas sublevadas conservaron definitivamente Aguilar con la ayuda de guardias civiles procedentes de Lucena, Monturque y Cabra.
La localidad quedó desde entonces en la retaguardia franquista. La resistencia inicial fue seguida por una intensa represión contra concejales, empleados municipales, militantes de izquierda, sindicalistas y jornaleros. Durante el resto de la contienda, el municipio sirvió como centro de abastecimiento, alojamiento de tropas y apoyo al esfuerzo militar de los sublevados. La población sufrió asimismo dos bombardeos, uno en julio de 1936 y otro el 25 de octubre de 1938.
Antecedentes
La sociedad aguilarense de la década de 1930 estaba marcada por la desigual distribución de la propiedad agraria, el desempleo jornalero y el enfrentamiento entre propietarios y organizaciones obreras.
El Partido Socialista Obrero Español era la principal fuerza de izquierda del municipio. También existían organizaciones republicanas y sindicales, aunque el comunismo y el anarquismo tenían menor implantación que en otras localidades de la Campiña cordobesa.
Entre los sectores conservadores actuaban la Confederación Española de Derechas Autónomas, el Partido Republicano Radical, los tradicionalistas y un núcleo local del Requeté. Este último publicaba el periódico Boinas Rojas y reunía a militantes carlistas, propietarios, jóvenes de familias acomodadas y militares retirados.[1]
Durante enero y febrero de 1936, el Ayuntamiento estuvo gobernado por una comisión de orientación radical-cedista. Inicialmente figuraba como alcalde Miguel Leiva Jiménez. El 8 de enero fue designada una nueva corporación presidida por Alfonso Berlanga Cabezas, acompañado por Joaquín Rincón Tienda, Eusebio Tendero Uceda y varios concejales interinos nombrados por el gobernador civil.[1]
Corporación del Frente Popular
La victoria del Frente Popular en las elecciones generales del 16 de febrero de 1936 permitió la restitución de los concejales elegidos democráticamente que habían sido apartados de sus cargos durante el bienio conservador.
El 20 de febrero, un delegado del gobernador civil ordenó el cese de la comisión gestora y devolvió sus puestos a los representantes de elección popular. El Ayuntamiento quedó constituido por:
- José María León Jiménez, alcalde.
- Antonio García Márquez, teniente de alcalde.
- Antonio Cabello Almeda, teniente de alcalde.
- Andrés Alberca Conde, teniente de alcalde.
- Antonio Romero Jarabo, teniente de alcalde.
- José Cecilia Córdoba, teniente de alcalde.
- Leoncio Mejías Carmona, concejal.
- Rafael Aparicio de Arcos, concejal.[1]
José María León Jiménez, trabajador agrícola y militante socialista, había sido concejal desde 1920 y alcalde durante la etapa republicana anterior a 1934.
La corporación impulsó una política dirigida a reducir el desempleo, extender la enseñanza pública y mejorar las infraestructuras. El 30 de marzo creó una oficina de colocación obrera y aprobó diferentes programas de reparación de caminos, alcantarillado y pavimentación.
El Ayuntamiento promovió asimismo la construcción de un grupo escolar laico, proyectado por el arquitecto César Utrilla, con trece aulas y un presupuesto aproximado de 156.000 pesetas. También creó la Casa de Socorro y amplió el padrón municipal de beneficencia.[1]
El golpe de Estado
El 18 de julio de 1936, al conocerse la sublevación iniciada en el Protectorado español de Marruecos, el alcalde José María León reunió a los concejales en el Ayuntamiento.
El secretario municipal, José María de Cina, fue enviado a Córdoba para solicitar información al Gobierno Civil. Se encontraba allí cuando las fuerzas dirigidas por el coronel Ciriaco Cascajo Ruiz ocuparon el edificio. Fue detenido y posteriormente fusilado.
El alcalde requirió al jefe de la Guardia Civil de Aguilar que manifestase su posición ante el golpe. El mando aseguró inicialmente su fidelidad a la República. Para prevenir posibles acciones armadas, la autoridad municipal ordenó la detención de una veintena de destacados militantes de derechas.[1]
La adhesión de la Guardia Civil a la legalidad republicana duró pocas horas. En la mañana del 19 de julio, el sargento al mando proclamó el bando de guerra, se apoderó del Ayuntamiento, liberó a los derechistas detenidos y arrestó al alcalde y a los concejales presentes.
Con este acto quedó depuesta la corporación elegida democráticamente y el poder municipal pasó a depender de la autoridad militar sublevada.
Resistencia republicana
La toma del Ayuntamiento provocó la huida hacia el campo de numerosos militantes socialistas, republicanos y sindicalistas. Algunos consiguieron armas y mantuvieron enfrentamientos con la Guardia Civil.
El 22 de julio murió durante un tiroteo el jornalero Antonio Onieva Pedraza. Dos días después falleció Antonio Manuel Palma Moreno en otro enfrentamiento callejero.
Ante el aumento de la resistencia, la Guardia Civil abandonó temporalmente Aguilar para buscar refuerzos en Lucena. Durante la noche del 24 al 25 de julio, un grupo de trabajadores entró en el cuartel y se llevó los caballos de la fuerza.
En la mañana del 25 de julio, unos 120 hombres armados procedentes de Montilla se unieron a un contingente de tamaño similar formado por vecinos de Aguilar. Los atacantes se dividieron en grupos de diez y trataron de entrar en la población.
Dos grupos, encabezados respectivamente por Antonio Salgado Reina y Manuel Baena Cabello, consiguieron penetrar en el casco urbano. El intento de recuperación fue rechazado por la Guardia Civil, que había regresado acompañada por efectivos de Lucena, Monturque y Cabra.[1]
Los republicanos se retiraron hacia los puentes de Montilla. Sus dirigentes solicitaron ayuda a las fuerzas gubernamentales concentradas en Puente Genil, pero la columna procedente de Málaga y Antequera que debía intervenir en Aguilar no llegó a hacerlo.
La ocupación de Puente Genil por las tropas sublevadas el 1 de agosto consolidó el control franquista de la comarca y eliminó la posibilidad inmediata de recuperar Aguilar para la República.
Bombardeo de julio de 1936
El 24 de julio, mientras continuaban los enfrentamientos, un avión bombardeó los extremos de la población. La documentación local atribuye el ataque a un error de identificación.
Ana Lucena Martínez, de 23 años, falleció dos días después como consecuencia de las heridas. También murió Miguel León Cecilia, de dos años. El ataque provocó una huida masiva hacia los campos y dejó temporalmente despobladas algunas zonas del casco urbano.[1]
Represión franquista de 1936
La represión comenzó inmediatamente después de que la Guardia Civil se hiciera con el Ayuntamiento y adquirió un carácter organizado a partir de finales de julio y comienzos de agosto.
Fueron detenidos concejales, empleados municipales, militantes socialistas, sindicalistas, obreros y jornaleros señalados por su actividad política o por haber participado en la resistencia. Muchas de las víctimas fueron ejecutadas sin juicio mediante la aplicación del bando de guerra.
Los principales lugares de ejecución fueron:
- Las tapias del Cementerio Municipal de Aguilar de la Frontera.
- El camino de las Vigas.
- El puente de la Limosna.
- Distintos caminos, huertas y parajes del término municipal.
También hubo vecinos trasladados y fusilados en Córdoba y Puente Genil. Algunas de las víctimas no fueron inscritas en el Registro Civil o aparecieron registradas con fórmulas como «aplicación del bando de guerra», «heridas de arma de fuego» o «por orden de la autoridad gubernativa».
El antiguo alcalde José María León Jiménez fue ejecutado el 2 de agosto en el camino de las Vigas, junto con otros integrantes o colaboradores de la corporación republicana. Su cadáver pudo ser trasladado posteriormente a Puente Genil.[2]
Entre los concejales y responsables municipales asesinados estuvieron Andrés Alberca Conde, Antonio Cabello Almeda, Rafael Aparicio de Arcos y otros representantes de la izquierda local.
La depuración alcanzó igualmente a los trabajadores del Ayuntamiento. En septiembre de 1936 fueron cesados 49 empleados municipales, incluida la totalidad de la Guardia Municipal. Al menos nueve empleados fueron ejecutados mediante la aplicación del bando de guerra; cinco de ellos eran guardias municipales.[1]
El 31 de octubre de 1936, la comisión gestora aprobó la construcción de una fosa común en el cementerio. Los libros de inhumaciones registran enterramientos colectivos y cuerpos sin identificar correspondientes a personas ejecutadas durante aquellos meses.
Número de víctimas de la represión franquista
Francisco Moreno Gómez contabilizó inicialmente 64 vecinos fusilados a partir de los datos del Registro Civil. La investigación de Miguel Carmona García y Francisco Calvo Madrid, que incorporó el libro de inhumaciones del cementerio, las actas municipales y testimonios orales, documentó más casos y advirtió que numerosos asesinatos no habían sido inscritos correctamente.[1]
En su relación de muertes violentas ocurridas durante la guerra, Carmona y Calvo recogieron 102 fallecidos por distintas causas: ejecuciones, combates callejeros, bombardeos, accidentes y muertes de soldados en los frentes. Esta cifra no representa exclusivamente a las víctimas de la represión franquista.
Investigaciones posteriores han elevado hasta aproximadamente 132 el número de personas fusiladas o desaparecidas como consecuencia de la represión franquista relacionada con Aguilar.[3]
Las fosas del cementerio municipal contienen víctimas asesinadas entre 1936 y los primeros años de la posguerra. Por ello, las estimaciones arqueológicas actuales no pueden atribuirse íntegramente al periodo comprendido entre 1936 y 1939.
Violencia contra las derechas
La violencia ejercida por partidarios de la República dentro de Aguilar fue considerablemente menor debido al rápido triunfo de la sublevación y a que la izquierda solo controló parcialmente algunos sectores de la población durante las primeras jornadas.
El Registro Civil y el libro del cementerio recogen al menos dos muertes atribuidas expresamente a elementos republicanos:
- Rafael López Arroyo, vecino de Puente Genil, muerto el 21 de julio de 1936.
- Francisco Jiménez Centella, chófer, muerto el 3 de septiembre de 1936.
También hubo derechistas naturales de Aguilar que murieron en otras localidades o frentes, entre ellos Gonzalo Pérez Aguilar-Tablada, fallecido en Villanueva del Rey, y varios requetés y falangistas muertos durante la guerra.
La diferencia entre las cifras de ambas represiones se explica en gran medida por el control casi inmediato y permanente que el bando sublevado ejerció sobre Aguilar. No llegó a establecerse en la localidad una administración revolucionaria republicana ni se produjo una ocupación prolongada por milicias del Frente Popular.
Comisiones gestoras franquistas
La corporación republicana quedó anulada el 19 de julio. La alcaldía permaneció formalmente vacante mientras José María León estaba detenido.
El 27 de julio, la autoridad militar de Córdoba nombró alcalde-presidente de una primera comisión gestora a José Carrillo Carmona, marino retirado. Ocupó el cargo hasta el 7 de agosto. No se conserva la relación completa de los integrantes de aquella primera administración provisional.
El 20 de agosto se constituyó una nueva comisión gestora nombrada por el capitán de la Guardia Civil de la línea. Estaba formada por:
- Juan Prieto Prieto, alcalde.
- Rafael Moreno Jiménez, primer teniente de alcalde.
- Miguel Calvo-Rubio Gordejuela, segundo teniente de alcalde.
- Juan Varo López, tercer teniente de alcalde.
- Eduardo Calvo-Rubio de la Cámara, cuarto teniente de alcalde.[1]
Esta comisión celebró únicamente dos sesiones antes de ser sustituida.
El 29 de agosto, el capitán Sebastián Carmona y Pérez de Vera presidió la constitución de otra gestora por orden del gobernador civil José Marín. Fue nombrado alcalde Francisco Tutón y Mena, acompañado inicialmente por Miguel Maestranza Soriano, Eduardo Calvo-Rubio, Olegario Pérez Jiménez, Rafael Aguilera y Emilio Berlanga.
Al constatarse que Emilio Berlanga había pertenecido a organizaciones de izquierda, fue sustituido inmediatamente por Aurelio Pino Pérez. Francisco Fernández Luque fue incorporado como representante de los obreros. Las dimisiones de Miguel Maestranza, notario, y Olegario Pérez, médico forense, llevaron al nombramiento de Miguel Calvo-Rubio Gordejuela y Juan Varo López.[1]
Esta corporación, con algunas modificaciones, gobernó Aguilar durante la mayor parte de la guerra. Su legitimidad no procedía de una elección municipal, sino del nombramiento efectuado por las autoridades militares surgidas del golpe de Estado.
Depuración municipal
La nueva corporación reorganizó el Ayuntamiento mediante cinco comisiones: Gobernación, Hacienda, Fomento, Policía Urbana y Trabajo y Obras Públicas.
Una de sus primeras actuaciones fue la depuración política del personal. El 7 de septiembre de 1936 se acordó el cese de 49 empleados considerados desafectos, muchos de los cuales habían huido o pertenecían a organizaciones republicanas y obreras.
La destitución tuvo una finalidad política y permitió sustituir a los trabajadores represaliados por personas consideradas partidarias del nuevo régimen. La documentación municipal fue utilizada además para identificar la militancia y actuación de los empleados durante la República.
Aguilar como retaguardia franquista
Una vez consolidada la ocupación, el Ayuntamiento subordinó parte de su actividad a las necesidades militares. Aguilar contribuyó con dinero, alimentos, alojamiento, transportes y suministros destinados al ejército sublevado.
En octubre de 1936 se creó una Comisión de Abastos encargada de controlar la distribución de alimentos. La escasez obligó posteriormente a constituir un depósito municipal de harina.
La corporación recaudó fondos para el «aguinaldo del combatiente», facilitó recursos a las unidades militares y participó en campañas propagandísticas. También apoyó la restauración de edificios religiosos y la reorganización de la enseñanza conforme a los principios del nuevo régimen.
El Ayuntamiento aprobó adhesiones y reconocimientos políticos, entre ellos la petición de declarar la Marcha Real como himno nacional y la propuesta de nombrar a Francisco Franco «Hijo Predilecto de España».
Transformación simbólica
La ocupación de Aguilar fue acompañada por la eliminación de la simbología republicana y la imposición de los referentes políticos y religiosos de los sublevados.
La plaza de la República recuperó el nombre de Plaza de San José, mientras que diferentes calles fueron dedicadas al coronel Cascajo, al general Franco, al general Varela y a José Antonio Primo de Rivera.
La comisión gestora acordó asimismo reconstruir la capilla del cementerio, que había sido demolida durante la etapa anterior. La vida pública se militarizó mediante actos patrióticos, ceremonias religiosas, homenajes a los combatientes y exaltaciones de la denominada «Cruzada».
Bombardeo de 1938
El principal episodio bélico sufrido por Aguilar después de 1936 tuvo lugar el 25 de octubre de 1938.
A las 15:20 horas, tres aviones trimotores sobrevolaron la localidad a más de 2.000 metros de altura y lanzaron diecisiete bombas de gran potencia. Los aparatos atravesaron el casco urbano en dirección suroeste, desde la zona de la carretera de la Cuesta del Espino hacia Málaga.[1]
Las bombas alcanzaron, entre otros lugares:
- La calle Concepción.
- Las inmediaciones de la Ermita del Cristo de la Salud.
- El Cuestón del Duque.
- La Piedra de Franco.
- La calle Membrilla.
- La calle Desamparados.
- La calle Gutiérrez Cámara.
- La calle General Varela.
- El Llano de la Cruz.
El obrero Antonio Moreno Castro murió mientras trabajaba en una obra del número 42 de la calle Concepción. El ataque causó además un herido grave y alrededor de cuarenta heridos leves. Una segunda víctima falleció en 1939 como consecuencia de las heridas recibidas.
La documentación municipal franquista denominó el episodio «bombardeo marxista». No se ha determinado con seguridad cuál era el objetivo militar de los aviones ni si el ataque sobre el casco urbano fue deliberado.
Reclutamiento y bajas militares
Numerosos vecinos fueron movilizados por el ejército franquista o se incorporaron a unidades de Falange y del Requeté. Algunos murieron en los frentes de Peñarroya, Fuente Obejuna, Granada, Extremadura y otros sectores.
Entre los fallecidos documentados estuvieron:
- José María Lucena Ruiz, alférez del Requeté, muerto en 1937.
- Juan Palma Berlanga, fallecido en el frente de Peñarroya.
- Leovigildo Alcalá Franco, alférez de Infantería.
- Guillermo León Valverde y Eduardo Salas Montilla, muertos en el frente de Fuente Obejuna.
- Adolfo Montes Martínez y Manuel Valverde Cabezas, fallecidos en Campillo de Llerena.
- Antonio Alba López, muerto en el frente de Granada.
- Antonio Ruiz Conde, fallecido en el Hospital de Castuera.
- José Prieto Prieto, muerto en el frente de Peñarroya.
- Gonzalo Pérez Carmona, fallecido en el frente de Villanueva del Rey.
En Aguilar funcionaron dependencias asistenciales para heridos y enfermos de guerra, citadas en la documentación como hospital de sangre u hospital viejo.
Consejos de guerra
La mayor parte de los asesinatos cometidos durante el verano y el otoño de 1936 no fue resultado de consejos de guerra ordinarios. Las ejecuciones se realizaron generalmente por aplicación directa del bando de guerra, sin instrucción judicial ni garantías procesales.
Los vecinos que consiguieron huir y fueron capturados posteriormente podían ser sometidos a procedimientos sumarísimos de la jurisdicción militar. Las acusaciones más frecuentes fueron «rebelión militar», «adhesión a la rebelión» y «auxilio a la rebelión».
Los expedientes incorporaban habitualmente informes de:
- La Guardia Civil.
- La Alcaldía y la comisión gestora.
- Falange Española Tradicionalista y de las JONS.
- La parroquia.
- Propietarios y vecinos considerados afectos al régimen.
- Los servicios municipales encargados de la depuración.
Estos procedimientos castigaban a quienes habían defendido al Gobierno legítimo de la República como responsables de un delito de rebelión. Los informes podían referirse a su militancia política, actividad sindical, participación en huelgas, actuación durante julio de 1936 o servicio en el Ejército Popular.
Una parte sustancial de los consejos de guerra contra vecinos de Aguilar, así como las condenas de prisión, responsabilidades políticas y depuraciones profesionales, continuó después de abril de 1939. Por ello, esos procesos posteriores no se desarrollan en este artículo.
Final de la guerra
Aguilar de la Frontera permaneció bajo control franquista durante toda la contienda. El final oficial de la guerra, el 1 de abril de 1939, no produjo un cambio de administración, sino la consolidación de las instituciones establecidas por los sublevados desde julio de 1936.
Durante los primeros meses de 1939 regresaron algunos combatientes y fueron detenidos vecinos que habían servido en el Ejército republicano. Otros permanecieron en prisión, en campos de concentración, ocultos o exiliados.
La victoria franquista convirtió las comisiones gestoras provisionales en la base del nuevo Ayuntamiento de la dictadura. No volvieron a celebrarse elecciones municipales democráticas y plurales hasta 1979.
Balance
A diferencia de municipios cercanos como Puente Genil, Aguilar no sufrió cambios prolongados de dominio militar. El rápido triunfo de la Guardia Civil impidió la constitución de un poder revolucionario republicano y convirtió la localidad en retaguardia franquista.
La violencia política fue claramente desigual. Las fuentes locales identifican dos muertes atribuidas a partidarios de la República dentro del municipio, mientras que la represión franquista causó varias decenas de ejecuciones documentadas y posiblemente más de un centenar de víctimas entre fusilados y desaparecidos.
Además de las ejecuciones, la población sufrió destituciones laborales, confiscaciones, encarcelamientos, huidas, movilización militar, escasez de alimentos y dos bombardeos. El Ayuntamiento fue transformado en un instrumento administrativo, económico y propagandístico al servicio del ejército sublevado y del Estado franquista en formación.
Cronología
20 de febrero de 1936 · Restitución de la corporación democrática
18 de julio de 1936 · Defensa de la legalidad republicana
19 de julio de 1936 · Triunfo de la sublevación
22-25 de julio de 1936 · Resistencia armada
24 de julio de 1936 · Primer bombardeo
25 de julio de 1936 · Fracaso de la contraofensiva republicana
27 de julio de 1936 · Primera administración sublevada
2 de agosto de 1936 · Ejecución del alcalde
20 de agosto de 1936 · Nueva comisión gestora
29 de agosto de 1936 · Gestora de Francisco Tutón
7 de septiembre de 1936 · Depuración del Ayuntamiento
25 de octubre de 1938 · Bombardeo de Aguilar
1 de abril de 1939 · Final de la guerra
RelacionEntidad
Véase también
Bibliografía
- «La vida municipal en Aguilar (1936-1938)», Crónica de Córdoba y sus pueblos.
- Plantilla:Cita libro
- Plantilla:Cita libro
- Plantilla:Cita libro
- Plantilla:Cita libro
Referencias
- ↑ 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 «La vida municipal en Aguilar (1936-1938)», Crónica de Córdoba y sus pueblos. Enlace (consultado el 8 de septiembre de 2026).
- ↑ «Palma Moreno, Antonio Manuel», Fundación Pablo Iglesias.Consultado el 8 de septiembre de 2026.
- ↑ «Varios tiros por la espalda y enterrado a escondidas en una fosa: la historia del primer represaliado identificado con ADN en Andalucía», Todos los Nombres, 7 de septiembre de 2021.Consultado el 8 de septiembre de 2026.