La Partida de la Porra de Córdoba fue la denominación popular aplicada a un conjunto heterogéneo de cuadrillas absolutistas que actuaron en Córdoba durante la caída del régimen constitucional en junio de 1823. Sus integrantes, conocidos como porristas o porreros, recorrieron las calles armados principalmente con porras, palos, navajas y algunas armas de fuego, participaron en la persecución de liberales, realizaron detenciones sin procedimiento judicial y protagonizaron saqueos, agresiones y amenazas.
La partida surgió en los últimos días del Trienio Liberal, aunque su actividad más intensa se desarrolló cuando el régimen constitucional se encontraba ya desarticulándose ante el avance del ejército francés de los Cien Mil Hijos de San Luis. El estallido principal tuvo lugar el 10 de junio de 1823, cuando una movilización absolutista tomó el control de las calles, destruyó los símbolos constitucionales y comenzó una represión desordenada contra antiguos miembros de la Milicia Nacional, autoridades liberales y personas consideradas partidarias de la Constitución de 1812.[1]
No constituyó una organización regular con estatutos, jerarquía estable o relación oficial de miembros. Fue una movilización callejera formada por trabajadores agrícolas, artesanos, desempleados, delincuentes comunes, absolutistas exaltados y otros participantes atraídos por las posibilidades de venganza, impunidad o saqueo. Su actuación se vio facilitada por la debilidad de las autoridades locales y por la colaboración, tolerancia o pasividad de algunos militares y dirigentes realistas.[2]
La Partida de la Porra cordobesa de 1823 debe distinguirse de la organización del mismo nombre que actuó en Madrid durante el Sexenio Democrático. Esta última defendió al Gobierno surgido de la Revolución de 1868 y atacó a diferentes grupos de oposición. La formación cordobesa, varias décadas anterior, tuvo un carácter absolutista y se movilizó en defensa de Fernando VII, la religión y la restauración de la monarquía absoluta.
Contexto histórico
El pronunciamiento de Rafael del Riego iniciado el 1 de enero de 1820 obligó a Fernando VII a restablecer la Constitución de 1812. Comenzó así el Trienio Liberal, durante el cual se recuperaron las instituciones constitucionales, se reorganizó la Milicia Nacional y se aplicaron distintas reformas administrativas, políticas y religiosas.
En Córdoba, la proclamación del nuevo régimen no produjo inicialmente una insurrección de gran violencia. La ciudad quedó, no obstante, dividida entre liberales y absolutistas. Entre los primeros se encontraban miembros de la nobleza, comerciantes, profesionales, empleados públicos y algunos eclesiásticos. La causa absolutista contaba con apoyos entre determinados nobles, sectores del clero, artesanos, trabajadores agrícolas y grupos populares contrarios a las reformas.[3]
La tensión se agravó durante 1822. La provincia experimentó enfrentamientos entre liberales y realistas, la sublevación de los carabineros en Castro del Río y la rebelión del Regimiento Provincial acuartelado en la capital.
Desde comienzos de 1823, la intervención francesa parecía cada vez más probable. El 7 de abril de 1823, los Cien Mil Hijos de San Luis penetraron en España para restaurar el poder absoluto de Fernando VII. El Gobierno y las Cortes trasladaron al monarca primero a Sevilla y posteriormente a Cádiz.
La comitiva real pasó por Córdoba durante su desplazamiento. La presencia de Fernando VII en la ciudad estuvo acompañada por un ambiente de tensión, pues los constitucionales consideraban al rey obligado a respetar la Constitución, mientras que los absolutistas esperaban su liberación y el restablecimiento del régimen anterior.[4]
Preparación de la reacción absolutista
Durante los primeros días de junio de 1823, grupos procedentes de la ciudad y del campo dejaron de acudir a sus trabajos y permanecieron reunidos en Córdoba. La concentración coincidió con la retirada de los últimos miembros de la Milicia Nacional que permanecían en la capital.
En la noche del 9 de junio de 1823, el jefe político Luis del Águila promovió la formación de una junta destinada a mantener el orden una vez que los nacionales abandonaran la ciudad en dirección a Cádiz. En la reunión participaron autoridades civiles, eclesiásticas y representantes de las parroquias.
La iniciativa no logró impedir la insurrección. En aquella misma noche, algunos nacionales recorrieron las calles cantando el Trágala y otras composiciones liberales como despedida y provocación contra los absolutistas que permanecían en Córdoba.[5]
A la mañana siguiente, la retirada de las fuerzas constitucionales dejó a las autoridades sin medios suficientes para contener a las concentraciones absolutistas.
Levantamiento del 10 de junio de 1823
El 10 de junio de 1823 comenzó el principal levantamiento absolutista de la capital. Las multitudes proclamaron vivas a la religión, al rey Fernando VII y a la monarquía absoluta.
Las turbas tomaron como guía al coronel Antonio Salinas de Orellana, un militar absolutista que se encontraba desterrado en Córdoba y al que las fuentes relacionan con reuniones clandestinas celebradas contra el régimen constitucional.
Los amotinados le atribuyeron el título de gobernador y lo condujeron a las Casas Consistoriales. Allí quedó constituida una junta integrada por el propio Salinas de Orellana, el obispo Pedro Antonio de Trevilla, antiguos regidores, veinticuatros y miembros del Ayuntamiento.
La nueva junta procedió a restablecer la corporación municipal que había ejercido antes de la implantación del régimen constitucional en 1820. Sin embargo, la autoridad de este organismo fue insuficiente para someter a los grupos que actuaban en las calles.[6]
Destrucción de la lápida constitucional
Uno de los primeros objetivos de los insurrectos fue la lápida que daba a la Plaza de la Corredera la denominación oficial de Plaza de la Constitución.
La placa, de mármol negro y rodeada por elementos dorados, se encontraba en la fachada de la antigua cárcel de la Corredera. La multitud la arrancó, arrastró, pisoteó y destruyó como símbolo de la abolición del sistema constitucional.
El acto tenía un carácter político y ritual. La destrucción de las lápidas constitucionales se produjo en numerosas poblaciones durante la restauración absolutista, pues estas piezas representaban públicamente la vigencia de la Constitución de 1812.
En Córdoba, la acción fue acompañada por gritos, insultos y vivas al rey y a la religión. La violencia contra el símbolo constitucional precedió a los ataques contra bienes y personas.[7]
Entierro de la Constitución
Los insurrectos representaron también el entierro simbólico de la denominada niña de la Constitución.
Para ello vistieron una muñeca de trapo y la condujeron en una comitiva burlesca por distintas calles. La figura representaba al régimen constitucional que los absolutistas consideraban derrotado.
La muñeca fue arrojada al Guadalquivir desde la Cruz del Rastro, entre insultos, cánticos y aclamaciones a Fernando VII. El acto reproducía de manera simbólica la muerte y desaparición de la Constitución.
La ceremonia permitió transformar la violencia política en una representación pública comprensible para una población en gran medida analfabeta. La destrucción de la lápida y el lanzamiento de la muñeca al río anunciaban que el orden constitucional había dejado de contar con protección efectiva en Córdoba.
Composición de la Partida de la Porra
La denominación de Partida de la Porra fue aplicada a las cuadrillas que participaron en la persecución de los constitucionales.
Francisco de Borja Pavón describió a sus integrantes como trabajadores agrícolas que habían abandonado las hoces, artesanos que habían dejado sus herramientas y grupos urbanos de condición diversa. Junto a ellos mencionó delincuentes que se habían refugiado en la ciudad, personas de mayor posición social y algún religioso.[8]
La descripción de Pavón fue redactada desde una perspectiva crítica y contiene un lenguaje descalificador propio de la historiografía política del siglo XIX. Pese a ello, coincide con la documentación municipal en presentar a la partida como una agrupación irregular, carente de disciplina estable y formada por personas de procedencias sociales diferentes.
Entre sus componentes podían distinguirse:
Jornaleros y trabajadores agrícolas. Artesanos y menestrales. Desocupados. Absolutistas de los barrios de la ciudad. Campesinos llegados desde el término municipal. Delincuentes comunes atraídos por el saqueo. Algunos individuos relacionados con sectores acomodados. Personas vinculadas al clero. Soldados que colaboraron ocasionalmente con las turbas.
La existencia de instigadores de mayor posición social fue recogida por Pavón, quien señaló que algunos participantes reconocían haber recibido dinero o instrucciones. Sin embargo, las fuentes conocidas no permiten establecer una nómina completa de financiadores, organizadores o dirigentes.
Armas e indumentaria
La porra fue el arma característica y el elemento que dio nombre al grupo. Junto a ella, los participantes utilizaron palos, navajas, cuchillos, escopetas y otras armas disponibles.
Los porristas empleaban cintas blancas en los sombreros como distintivo absolutista. La cinta sustituía a los colores y lemas utilizados durante el régimen constitucional.
Una de las divisas recogidas por Francisco de Borja Pavón decía:
«Por la Religión y el Rey, morir es ley».[9] |
El retrato de Fernando VII fue paseado por las calles en procesión política. La imagen del monarca actuó como símbolo de legitimidad frente a la Constitución y permitió presentar la persecución de los liberales como una defensa del rey y de la religión.
Saqueos en la plaza de las Cañas
Después de destruir la lápida constitucional, distintos grupos se dirigieron a los establecimientos y viviendas de personas identificadas con el liberalismo.
Entre los primeros inmuebles atacados se encontraban las casas y comercios de Benito Pariza y Ignacio Quintana, situados en la Plaza de las Cañas, próxima a la Plaza de la Corredera.
Los participantes escalaron balcones, forzaron puertas, abrieron escritorios y saquearon cajas, estantes y anaqueles. Entre los objetos sustraídos había piezas de lienzo, seda y otras mercancías textiles.
Parte del botín apareció posteriormente en barrios alejados del centro. Los saqueadores lo exhibían como si se tratara de una presa de guerra.
En otros domicilios se buscaron especialmente:
Uniformes de la Milicia Nacional. Gorras y sombreros blancos. Documentos y libros. Objetos considerados símbolos liberales. Prendas supuestamente relacionadas con la masonería.
Las prendas de los nacionales y los objetos considerados masónicos fueron quemados. Algunas viviendas recibieron disparos contra puertas y ventanas, aunque sus habitantes hubieran retirado previamente los bienes de mayor valor.[10]
Persecución en Santa Marina
La violencia se extendió hacia el Barrio de Santa Marina y sus inmediaciones.
Uno de los primeros liberales perseguidos fue Miguel de Luque, antiguo regidor durante el Trienio Liberal. Ante el temor de ser detenido, se refugió en la Iglesia de Santa Marina y se ocultó detrás del retablo del altar mayor.
La multitud entró en el templo, registró su interior y lo encontró escondido. Durante el incidente se produjeron gritos, amenazas y disparos dentro de la iglesia.
El párroco Miguel Cañuelo intentó contener a los asaltantes. Al no conseguirlo mediante sus exhortaciones, tomó el Santísimo Sacramento y se presentó ante la multitud. La intervención logró contener temporalmente a los agresores y permitió evacuar el templo.
Miguel de Luque fue sacado de la iglesia y conducido hacia la cárcel. Durante el trayecto, varios participantes intentaron golpearlo y herirlo. Algunas personas de posición social y conocidas opiniones realistas intervinieron para evitar su muerte.[11]
Detenciones arbitrarias
La captura de Miguel de Luque inició una oleada de detenciones.
Los porristas registraban viviendas, desvanes, corrales, establos y habitaciones en busca de antiguos nacionales y liberales. Algunas casas eran identificadas previamente mediante una letra «N», posiblemente relacionada con la condición de nacional de alguno de sus habitantes.
Las detenciones se realizaban sin mandamiento judicial y podían basarse en una denuncia particular, una enemistad personal o la mera sospecha de simpatizar con el régimen constitucional.
Los detenidos eran conducidos entre insultos y amenazas. Las escoltas portaban palos, navajas y armas de fuego, mientras algunos vecinos intentaban intervenir para evitar agresiones.
Las fuentes distinguen entre la Partida de la Porra y los realistas de orientación más moderada. Estos últimos protegieron en ocasiones a los presos y reforzaron las guardias de los edificios carcelarios. Los porristas los llamaban despectivamente camaristas por su oposición a los excesos.[12]
Lugares de reclusión
La cantidad de detenidos superó la capacidad de la cárcel ordinaria. Fue necesario habilitar distintos edificios como espacios provisionales de reclusión:
La cárcel pública. El Hospicio de Córdoba. El Convento de Regina. La Torre de la Calahorra.
Francisco de Borja Pavón estimó que cerca de mil personas fueron encarceladas o buscaron voluntariamente protección en aquellos recintos durante los primeros días de la reacción. Esta cifra debe interpretarse como una estimación retrospectiva y no como un recuento administrativo exacto.[13]
Algunas personas se presentaban por su propia voluntad en los centros de detención. Consideraban más seguro quedar bajo custodia que ser capturadas y conducidas por las calles por la Partida de la Porra.
Los edificios quedaron hacinados y con problemas de alimentación, ventilación y salubridad. En el Hospicio, el temor a una entrada de las turbas llevó a algunos presos a levantar piedras del pavimento para utilizarlas como proyectiles en caso de asalto.
Un informe examinado por el Ayuntamiento el 22 de junio de 1823 describió la impotencia de las autoridades, la acumulación de presos sin que pudiera determinarse quién había ordenado su detención y la colaboración de algunos soldados con los civiles que realizaban los arrestos.[14]
Extorsiones y liberación de presos
La ausencia de procedimientos judiciales facilitó la exigencia de dinero a cambio de la libertad.
Según el relato de Pavón, Antonio Salinas de Orellana permitió que determinados presos fueran puestos en libertad después de entregar distintas cantidades de dinero. La suma variaba según la posición económica del detenido.
Las exacciones fueron presentadas como necesarias para atender gastos del servicio o de la nueva administración, aunque carecían de una regulación clara.
Estas prácticas mezclaron la represión política con la extorsión económica. La condición de liberal podía convertirse en una oportunidad para ajustar cuentas, apropiarse de bienes o exigir pagos.
Asesinato de Nicolás García
Uno de los episodios más graves fue la muerte de Nicolás García, conocido como el Rubio.
El ataque tuvo lugar en las inmediaciones de la antigua calle de la Zapatería, identificada por Pavón con la Calle San Pablo. Nicolás García intentó protegerse bajo los hábitos del fraile mercedario Juan Serrano.
La presencia del religioso no impidió la agresión. La víctima fue atacada y asesinada, apareciendo en el relato como responsable directo un hombre llamado Javier de Burgos.[15]
El caso demuestra que, aunque gran parte de la represión consistió en amenazas, golpes, registros y detenciones, la violencia podía desembocar en asesinatos.
Intervención del obispo Pedro Antonio de Trevilla
El obispo Pedro Antonio de Trevilla salió a las calles para pedir moderación, perdón y respeto a los detenidos.
Su intervención fue secundada por párrocos, sacerdotes y algunos dirigentes realistas que rechazaban los saqueos y agresiones. Entre estos últimos se encontraba Fernando Cabrera, marqués de Villaseca, partidario del absolutismo pero contrario a los excesos de las turbas.
La actuación del obispo permite distinguir entre el apoyo al restablecimiento de Fernando VII como monarca absoluto y la aceptación de la violencia descontrolada.
La presencia de clérigos entre quienes intentaban proteger a los perseguidos contrasta con la utilización de la religión como principal consigna de la Partida de la Porra.
Participación femenina
Las fuentes mencionan una participación visible de mujeres en los disturbios.
Algunas intervinieron en:
La destrucción de la lápida constitucional. El entierro simbólico de la Constitución. El saqueo de comercios y viviendas. Las procesiones con el retrato de Fernando VII. Los gritos contra los liberales.
Pavón sostuvo que entre las instigadoras había mujeres de familias acomodadas y que algunas de ellas distribuían dinero entre los amotinados. La afirmación procede de rumores y declaraciones atribuidas a los participantes, por lo que no permite identificar con seguridad a las supuestas promotoras.[16]
La participación femenina no debe reducirse, por tanto, al saqueo espontáneo. Formó parte de una movilización política y religiosa en la que actuaron personas pertenecientes a diferentes sectores sociales.
Debilidad de las autoridades
La Partida de la Porra pudo actuar debido a la desaparición de la fuerza constitucional y a la incapacidad del nuevo poder municipal para imponer el orden.
El Ayuntamiento reconoció que:
Se detenía a personas sin intervención judicial. Los soldados auxiliaban a los civiles durante los arrestos. Los liberales procedentes de Sevilla eran amenazados. Los pasaportes legales no garantizaban la seguridad. Las cárceles estaban saturadas. No podía determinarse quién había ordenado muchas detenciones. El corregidor carecía de una fuerza suficiente para hacerse respetar.
La situación combinaba varias autoridades superpuestas: la junta restauradora, el Ayuntamiento restablecido, los mandos militares, los grupos populares, los realistas moderados y las tropas francesas.
Esta fragmentación permitió que particulares y cuadrillas se atribuyeran funciones de policía y justicia.
Llegada de las tropas francesas
El mismo 10 de junio de 1823 se aproximó a Córdoba la vanguardia del ejército francés dirigido por el duque de Angulema.
Representantes municipales se desplazaron hasta El Carpio para recibir al jefe de las tropas avanzadas.
La presencia francesa contribuyó a reducir temporalmente la intensidad de los disturbios. Parte de los oficiales franceses contemplaba con desconfianza los excesos de los absolutistas y prefería una restauración política ordenada.
Sin embargo, el paso de las tropas fue rápido y no terminó de inmediato con las persecuciones. Durante los meses siguientes continuaron los registros, insultos y amenazas contra personas relacionadas con el régimen constitucional.[17]
Creación de los Voluntarios Realistas
El desorden provocado por las cuadrillas irregulares impulsó la creación de un cuerpo organizado de Voluntarios Realistas.
El 20 de junio de 1823, el Ayuntamiento examinó el manifiesto de la Junta absolutista para organizar este cuerpo conforme a una orden de la Regencia fechada el 10 de junio.
Podían solicitar el ingreso los varones de entre veinte y cincuenta años que acreditaran buena conducta, honradez, amor al rey y adhesión al restablecimiento de la monarquía absoluta.
Los Voluntarios Realistas dependían de los corregidores y ayuntamientos, bajo la autoridad del capitán general. Su formación pretendía sustituir la violencia espontánea por una fuerza armada sometida a mandos reconocidos.
En julio de 1823 se organizaron las primeras compañías cordobesas, con una previsión inicial de sesenta hombres en cada una.[18]
La creación de este cuerpo buscaba poner fin a las actuaciones de la Partida de la Porra, aunque algunos voluntarios compartían sus principios absolutistas.
Persistencia de la persecución
La mayor intensidad de los disturbios se concentró en junio de 1823, pero la presión sobre los liberales continuó durante los meses siguientes.
Las viviendas eran vigiladas y las personas identificadas como constitucionales evitaban salir a la calle. Los antiguos miembros de la Milicia Nacional sufrían insultos, amenazas y agresiones.
La antigua calle de la Zapatería se convirtió en uno de los lugares especialmente peligrosos para los liberales. Los golpes de martillo contra puertas, los gritos y el lanzamiento de objetos obligaban a algunos perseguidos a atravesarla corriendo.
La represión afectó también a la actividad económica:
Los empleados liberales perdieron sus puestos. Los artesanos señalados dejaron de recibir encargos. Determinados trabajos fueron reservados para los realistas. Se exigieron pagos y entregas de bienes. Algunas familias abandonaron temporalmente la ciudad.
El miedo a atravesar Córdoba alcanzó a los nacionales que regresaban de Cádiz. Algunos viajeros buscaban rutas alternativas o se disfrazaban para ocultar su relación con el constitucionalismo.
El actor Carlos Latorre pasó por la ciudad el 24 de octubre de 1823 disfrazado de fabricante de medias. Según el relato recogido por Pavón, encontró las calles llenas de grupos armados con cintas blancas que insultaban y amenazaban a los viajeros.[19]
Consecuencias
La actuación de la Partida de la Porra produjo consecuencias políticas, económicas y sociales:
Desaparición efectiva de la autoridad constitucional en Córdoba. Restauración del Ayuntamiento anterior a 1820. Encarcelamiento de centenares de liberales y antiguos nacionales. Huida u ocultación de personas relacionadas con el Trienio Liberal. Saqueo de comercios y domicilios. Pérdida de empleos públicos. Debilitamiento de la actividad artesanal y comercial de los perseguidos. Creación de los Voluntarios Realistas. Consolidación del absolutismo en la capital. Inicio de las depuraciones políticas de la Década Ominosa.
El episodio dejó una memoria duradera entre las familias liberales cordobesas. La expresión Partida de la Porra quedó asociada a la utilización de grupos callejeros para perseguir adversarios políticos al margen de los procedimientos judiciales.
| Aspecto | Partida de Córdoba | Partida de Madrid |
|---|---|---|
| Periodo | Principalmente desde junio de 1823 | Desde 1868 hasta los primeros años de la década de 1870 |
| Orientación política | Absolutista y fernandina | Progresista y defensora inicialmente del Gobierno Provisional |
| Objetivo principal | Perseguir a liberales, constitucionales y miembros de la Milicia Nacional | Atacar a opositores del nuevo régimen, especialmente moderados, carlistas, alfonsinos y republicanos |
| Organización | Cuadrillas irregulares de composición heterogénea | Grupo más reducido y organizado alrededor de dirigentes políticos y periodísticos |
| Ámbito | Córdoba | Madrid |
| Símbolo | Porra, cinta blanca y consignas a favor de la religión y Fernando VII | Porra y consignas relacionadas con la Revolución de 1868 y la monarquía de Amadeo de Saboya |
Francisco de Borja Pavón sostuvo que la denominación utilizada posteriormente en otros lugares copiaba el nombre y el modelo nacido en Córdoba en 1823. Esta interpretación forma parte de su relato y no demuestra por sí sola una continuidad organizativa entre las distintas partidas.[20]
Fuentes e interpretación histórica
La principal narración conocida de los acontecimientos procede de Córdoba en 1823, obra de Francisco de Borja Pavón publicada en el Boletín de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba en 1928.
Pavón escribió desde una perspectiva liberal moderada y empleó un estilo literario, moralizante y frecuentemente despectivo hacia las masas participantes. Su relato incorpora recuerdos transmitidos oralmente, testimonios familiares y documentación de la época.
Por este motivo, datos como la cifra de detenidos, la intervención de determinadas mujeres de la nobleza o algunas frases atribuidas a los manifestantes deben ser considerados testimonios retrospectivos, no registros administrativos exactos.
La investigación de José Manuel Ventura Rojas ha contrastado la descripción con actas capitulares y documentos municipales. Estas fuentes confirman:
Las detenciones sin procedimiento regular. La participación de soldados en los tumultos. La saturación de las cárceles. La impotencia del Ayuntamiento. La creación de los Voluntarios Realistas. La utilización del nombre Partida de la Porra para los grupos irregulares.
La combinación de ambos tipos de fuentes permite reconstruir la dimensión general de los acontecimientos, aunque no identificar individualmente a todos los responsables y participantes.
Cronología
Lugares relacionados
Personas relacionadas
- Antonio Salinas de Orellana.
- Luis del Águila.
- Pedro Antonio de Trevilla.
- Fernando Cabrera.
- Miguel Cañuelo.
- Miguel de Luque.
- Benito Pariza.
- Ignacio Quintana.
- Nicolás García, el Rubio.
- Juan Serrano.
- Javier de Burgos.
- Carlos Latorre.
Referencias
- ↑ Francisco de Borja Pavón, "Córdoba en 1823", Boletín de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, 1928, https://storage.e.jimdo.com/file/41b3791d-aa36-41ac-bb9b-c53bdbef2f34/BRAC-023-01.pdf. Consultado el 18 de julio de 2026.
- ↑ José Manuel Ventura Rojas, "La provincia de Córdoba: de la Guerra de la Independencia al reinado de Isabel II (1808-1833), tomo III", Universidad de Córdoba, 2008, https://helvia.uco.es/bitstream/handle/10396/429/14289325%283%29.pdf?isAllowed=y&sequence=3. Consultado el 18 de julio de 2026.
- ↑ José Manuel Ventura Rojas, "La provincia de Córdoba: de la Guerra de la Independencia al reinado de Isabel II (1808-1833), tomo III", Universidad de Córdoba, 2008, https://helvia.uco.es/bitstream/handle/10396/429/14289325%283%29.pdf?isAllowed=y&sequence=3. Consultado el 18 de julio de 2026.
- ↑ Francisco de Borja Pavón, "Córdoba en 1823", Boletín de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, 1928, https://storage.e.jimdo.com/file/41b3791d-aa36-41ac-bb9b-c53bdbef2f34/BRAC-023-01.pdf. Consultado el 18 de julio de 2026.
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- ↑ José Manuel Ventura Rojas, "La provincia de Córdoba: de la Guerra de la Independencia al reinado de Isabel II (1808-1833), tomo III", Universidad de Córdoba, 2008, https://helvia.uco.es/bitstream/handle/10396/429/14289325%283%29.pdf?isAllowed=y&sequence=3. Consultado el 18 de julio de 2026.
- ↑ Francisco de Borja Pavón, "Córdoba en 1823", Boletín de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, 1928, https://storage.e.jimdo.com/file/41b3791d-aa36-41ac-bb9b-c53bdbef2f34/BRAC-023-01.pdf. Consultado el 18 de julio de 2026.
- ↑ Francisco de Borja Pavón, "Córdoba en 1823 (continuación)", Boletín de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, 1928, https://storage.e.jimdo.com/file/baf4c4f8-3965-4907-9a5e-8ed0fd74501f/BRAC-024-05.pdf. Consultado el 18 de julio de 2026.