La desamortización y la formación y consolidación de grandes propietarios en Córdoba fueron procesos relacionados con la transformación de la economía agraria durante el siglo XIX. La venta de bienes eclesiásticos, municipales y benéficos incorporó al mercado propiedades y derechos que habían sostenido durante generaciones a conventos, parroquias, hospitales, obras pías y corporaciones locales. Sus consecuencias afectaron tanto a los compradores como a las instituciones desposeídas y a las poblaciones vinculadas a esos recursos.[1]
En Córdoba, este fenómeno comprendió varias etapas, desde las enajenaciones iniciadas en 1798 hasta las ventas derivadas de la legislación de 1855. Entre ambas se situaron la experiencia de José I Bonaparte, el Trienio Liberal y las medidas impulsadas durante la regencia de María Cristina y la de Espartero. La diversidad de compradores y de patrimonios afectados impide interpretar todo el proceso como una única operación de transferencia de tierras.[1][2]
Naturaleza del proceso
La desamortización consistió en la incorporación al Estado y posterior venta de bienes pertenecientes a instituciones cuya propiedad se encontraba sustraída o limitada respecto de la circulación ordinaria del mercado. La expresión manos muertas aludía a esa situación jurídica, no a que las tierras estuvieran necesariamente abandonadas o sin cultivar. Muchos de estos patrimonios se explotaban mediante arrendamientos y proporcionaban ingresos regulares a sus titulares.[1][3]
El patrimonio afectado fue heterogéneo. Incluía cortijos, dehesas, huertas, olivares, casas y otras construcciones, pero también censos y derechos de percepción de rentas. Por ello, el estudio de las operaciones no puede reducirse al número de hectáreas transferidas: una institución podía perder simultáneamente tierras, ingresos urbanos y derechos sobre bienes ajenos.[1]
La historiografía sitúa estas medidas dentro de la reforma agraria liberal. Sin embargo, su finalidad fiscal y la necesidad de obtener recursos para la Hacienda condicionaron las ventas. La puesta en circulación de bienes no equivalía a garantizar su distribución entre jornaleros o pequeños agricultores: las condiciones de pago y el tamaño de los lotes influían en quién podía concurrir a las subastas.[1]
Antecedentes: las ventas iniciadas en 1798
La primera gran fase contemporánea comenzó durante el reinado de Carlos IV. Aunque habitualmente se denomina desamortización de Godoy, Francisco Simón Segura destaca la intervención del ministro Cayetano Soler en su diseño. Las necesidades financieras de la monarquía impulsaron la venta de bienes vinculados a instituciones religiosas y asistenciales.[1]
Para Córdoba, Pedro Domínguez Bascón recoge los resultados de las investigaciones de Manuel Gómez Oliver y Manuel González de Molina, que contabilizaron 739 fincas rústicas vendidas entre 1798 y 1808, con una superficie expresada en 9.404,36 fanegas y 1.169,75 aranzadas. Ambas medidas deben conservarse separadas mientras no se determine la equivalencia local utilizada por la documentación.[2]
Estas operaciones muestran que la movilización de la propiedad institucional había comenzado antes de Mendizábal. También explican que los procesos posteriores actuaran sobre patrimonios ya modificados por ventas, cargas y alteraciones de sus ingresos.
La desamortización durante la ocupación francesa
La prefectura de Córdoba
La administración de José I impulsó nuevas medidas sobre los bienes de las órdenes religiosas suprimidas y sobre propiedades secuestradas a adversarios del régimen. Entre sus objetivos estuvieron la financiación del Estado y la compensación de servicios o daños relacionados con la guerra.[2]
El estudio de Domínguez Bascón se refiere a la prefectura de Córdoba, una demarcación que no coincide exactamente con la provincia actual. Su documentación comprende 29 municipios: 27 cordobeses y los sevillanos de Écija y Peñaflor. Esta delimitación debe tenerse presente al interpretar sus cifras.
Los estados de bienes nacionales de 1810 y 1811 registran 863 fincas rústicas destinadas a su puesta en venta, con 8.388,21 fanegas, equivalentes en el estudio a 5.134,42 hectáreas. Su valoración ascendía a unos 15,4 millones de reales. Estas cifras describen el patrimonio registrado para enajenación; no prueban que todas las fincas llegaran a venderse.[2]
La mayor parte de la superficie se encontraba en la Campiña y el valle del Guadalquivir. La distribución reflejaba la diversidad del patrimonio eclesiástico: junto a extensiones importantes existían numerosos predios pequeños, resultado de acumulaciones históricas mediante donaciones, compras y otras incorporaciones.
Compradores documentados
Domínguez Bascón reconstruyó ventas procedentes de cinco conventos: San Agustín, San Pablo, la Merced y la Victoria, en Córdoba, y el de Carmelitas Descalzos de Castro del Río. Identificó 33 compradores y operaciones cuyo importe conjunto se aproximaba a tres millones de reales.[2]
Entre ellos destacaban:
| Comprador | Adquisiciones recogidas en el estudio | Observaciones |
|---|---|---|
| Carlos Faipoult | 104 fincas rústicas y urbanas | Actuó mediante su administrador en Córdoba, Pedro Dacqueville. El autor cifra sus compras en 674.549 reales. |
| Miguel Luque Arrepiso | 6 fincas | Uno de los principales adquirentes por el importe invertido. |
| José Meléndez | 38 fincas | Presbítero. |
| Juan Rafael Paniagua | 36 fincas | Presbítero. |
La presencia de sacerdotes entre los compradores demuestra que la condición eclesiástica y la participación en el mercado desamortizador no eran situaciones necesariamente incompatibles. Asimismo, el peso de los inmuebles urbanos impide identificar a todos los adquirentes de esta relación exclusivamente como terratenientes agrícolas.[2]
Restituciones posteriores
La retirada francesa interrumpió esta experiencia. Desde 1813 se produjeron restituciones de conventos, y el estudio registra once devoluciones durante ese año en la provincia. No obstante, el autor plantea que la recuperación del patrimonio pudo ser incompleta en algunos casos, a partir de diferencias observadas en documentación posterior.[2]
Las adquisiciones josefinas deben, por tanto, distinguirse de las consolidadas durante las etapas liberales posteriores. Una compra realizada durante la ocupación no basta para demostrar la continuidad de una propiedad familiar a lo largo del siglo.
El Trienio Liberal y la etapa de Mendizábal
Durante el Trienio Liberal de 1820-1823 se reanudaron medidas de supresión de comunidades y venta de bienes. La restauración absolutista volvió a alterar su aplicación y la situación de los compradores. Esta sucesión de cambios políticos introdujo inseguridad sobre la conservación de las adquisiciones.[1]
El decreto de 19 de febrero de 1836, asociado a Juan Álvarez Mendizábal, abrió una fase decisiva de venta del patrimonio de las corporaciones religiosas suprimidas. La posterior incorporación de bienes del clero secular amplió el alcance del proceso. Conventos y comunidades religiosas, por una parte, y cabildos y otras instituciones del clero secular, por otra, aportaron bienes de naturaleza y extensión diferentes.[1]
Las subastas y sus modalidades de pago favorecieron la participación de quienes disponían de capital, crédito o capacidad para asumir obligaciones futuras. Los arrendatarios podían estar especialmente interesados en adquirir las fincas que ya cultivaban, pero esa posibilidad dependía de sus recursos y del precio alcanzado en la licitación.[1]
Compras de la aristocracia en Córdoba y Montilla
Francisco Simón Segura documenta adquisiciones cordobesas de miembros de la aristocracia durante la desamortización de Mendizábal. Estos ejemplos muestran que la antigua nobleza participó en las operaciones y que sus patrimonios pudieron ampliarse mediante la compra de bienes eclesiásticos.[1]
El conde de Altamira
El conde de Altamira adquirió la hacienda Alhondiguilla, en Córdoba, procedente de la capilla de San Pedro de la Catedral. El estudio le atribuye 594 fanegas y un precio de 721.500 reales.
En el término de Montilla compró también la casilla de San Rafael, perteneciente a la comunidad de curas de Córdoba. La finca tenía 68 aranzadas y 2.340 olivos, además de otros árboles, y alcanzó un precio de 214.100 reales.[1]
El infante Francisco de Paula de Borbón
Simón Segura recoge asimismo el remate por el infante Francisco de Paula de Borbón de la mitad de un cortijo cordobés denominado Pan Jiménez en su texto, procedente del convento de San Francisco. El autor remite al Boletín Oficial de Venta de Bienes Nacionales número 1958.[1]
Estos casos deben entenderse como adquisiciones concretas. No permiten atribuir a la desamortización el origen de la totalidad de los bienes de sus compradores, ni medir por sí solos el peso de la nobleza en el conjunto provincial.
Cortijos y propietarios en el término de Córdoba hacia 1860
Rafael Mata Olmo identifica 51 cortijos desamortizados repartidos entre 30 propietarios en la Campiña del término municipal de Córdoba hacia 1860. Los titulares podían ser compradores originales o sucesores inmediatos.[4]
| Titular en 1860 | Cortijo anteriormente eclesiástico |
|---|---|
| Luis Morales García | Cisneros |
| Antonio Navarro Moreno Guerra | Hinojosa |
| Rodrigo Fernández de Mesa | Redondo |
| Juan Manuel Trevilla | Carderuelos |
| Francisco Porras | Valsequillo |
| Ramona Argote | Judío |
| Ana María Hoces | Halconcillo |
| Rafael Carrasco Mesa | Arcas |
| José Sisternes y Hoces | Marchante |
| Marqués de Benamejí | Rinconada |
Entre los grandes beneficiarios aparecen también Rafael Barbero, Francisco Milla Beltrán, Rafael Beltrán de Lis, Juan Sotomayor y Amador Jover. El estudio distingue rentistas y labradores que explotaban directamente sus tierras; algunos combinaban propiedades con extensos arrendamientos.[4]
La desamortización reforzó patrimonios existentes y consolidó a grandes labradores como propietarios. En Montilla, sin embargo, hubo una participación significativa de pequeños compradores. La estructura previa de las fincas condicionó los resultados, por lo que el modelo del término de Córdoba no puede generalizarse a toda la provincia.[4]
El convento de los Ángeles de Hornachuelos
El Convento de Santa María de los Ángeles, en Hornachuelos, proporciona un ejemplo de la diversidad de bienes y derechos afectados. José María Palencia Cerezo estudió documentación de la Comisión Principal de Arbitrios de Amortización, entre ella un inventario formalizado el 4 de septiembre de 1835 y registros de censos y rentas.[5]
El inventario fue suscrito por el alcalde Miguel María Rosales y el guardián fray Antonio Rodríguez de los Santos. Su contenido permite conocer objetos de culto, pinturas, esculturas, libros y documentos, además de las relaciones económicas del convento.
La documentación registra personas y entidades de Hornachuelos, Córdoba, Posadas, Palma del Río, Écija y Santaella vinculadas al pago de censos y memorias. No se trata de una lista de compradores: algunos nombres corresponden a deudores de rentas u obligaciones establecidas a favor de la comunidad.[5]
Entre las operaciones concretas, Palencia documenta la venta del órgano a Rafael Sánchez por 1.240 reales. También acredita que Juan Nepomuceno Díaz Armero, antes de adquirir el conjunto, había arrendado el edificio y la huerta desde el 29 de septiembre de 1844. El registro fijaba una renta anual de 400 reales para ese arrendamiento.[5]
Este caso muestra una secuencia en la que la administración de los bienes, su alquiler y su venta fueron momentos diferentes. También permite distinguir el destino del inmueble del de sus bienes muebles, vendidos o trasladados por separado.
Contexto social de Hornachuelos
La investigación sitúa las operaciones en un municipio afectado por graves dificultades económicas. En marzo de 1835, agricultores de Hornachuelos reclamaron el aprovechamiento del Prado de la Almarja para obtener heno y sostener sus ganados de labor. El Ayuntamiento debía aclarar la situación jurídica del terreno antes de resolver sobre su utilización.[5]
El mismo mes se documentan peticiones de comida y trabajo, a las que el consistorio respondió destinando recursos a asistencia alimentaria y a tareas de arreglo de caminos. Estos episodios reflejan la importancia social de los recursos municipales. No constituyen, por sí mismos, prueba de que aquellas dificultades hubieran sido causadas por la posterior venta del convento.
Desamortización y abolición del diezmo
María Dolores Muñoz Dueñas ha destacado que la transformación económica de la Iglesia cordobesa debe estudiarse atendiendo conjuntamente a la venta de su patrimonio y a la abolición del diezmo. La primera modificaba la titularidad de bienes; la segunda eliminaba un derecho de percepción sobre la producción agraria.[6]
El diezmo no beneficiaba exclusivamente al clero. La Corona y determinados titulares laicos participaban en su producto. El estudio documenta, entre otros casos, los derechos del duque de Medinaceli sobre los diezmos de Montilla, Lucena, Aguilar, Puente Don Gonzalo, Montalbán y Monturque a mediados del siglo XVIII.[6]
Su análisis revela también importantes diferencias dentro de la propia Iglesia. Las rentas de altos cargos, beneficiados y curas no eran equivalentes; algunos párrocos dependían en gran medida de primicias, estipendios y aportaciones de sus feligreses. La existencia de instituciones eclesiásticas con grandes patrimonios no implicaba una situación económica desahogada para todos sus miembros.
La supresión del diezmo alteró, por tanto, la distribución del excedente agrario y la financiación del culto y del clero. Considerarla junto a las ventas permite comprender que la reforma liberal afectó a derechos de ingreso y obligaciones fiscales, además de a la posesión de la tierra.[6]
La desamortización general de Madoz
La ley de 1 de mayo de 1855 amplió el proceso a bienes del Estado, del clero, de las órdenes militares, de cofradías y obras pías, de la beneficencia y de la instrucción pública, así como a propios y comunes de los pueblos, con las excepciones previstas en la legislación. Las ventas continuaron, tras la interrupción de 1856-1858, durante la segunda mitad del siglo y alcanzaron el comienzo del siguiente.[1]
La dimensión municipal resultó especialmente relevante. Los bienes de propios podían proporcionar ingresos para financiar gastos locales, mientras que otros aprovechamientos contribuían directamente a la subsistencia vecinal. La pérdida de estos recursos modificó las bases económicas de los municipios y de las familias que dependían de ellos.[1]
Simón Segura describe casos españoles de compras colectivas realizadas por vecinos para conservar el acceso a tierras. La existencia de esas respuestas impide identificar a todo adjudicatario individual con un inversor que compraba exclusivamente para sí: podía actuar por encargo o en representación de otras personas. Para comprobarlo en cada municipio son necesarios los expedientes y las escrituras correspondientes.
La pérdida del patrimonio benéfico
Tierras e inmuebles al servicio de la asistencia
Fernando López Mora ha estudiado las consecuencias de la desamortización sobre hospitales, hospicios, casas de expósitos y fundaciones asistenciales cordobesas. Sus propiedades no eran únicamente una reserva de riqueza: generaban ingresos destinados a atender enfermos, pobres, niños abandonados y otros colectivos.[3]
La enajenación sustituyó esos recursos por derechos de cobro sobre la deuda pública. Sobre el papel, la compensación podía mantener o incluso mejorar determinadas rentas. Sin embargo, el resultado dependía de que el Estado satisficiera efectivamente los pagos y de que estos conservaran su valor.
Compensaciones previstas e ingresos efectivos
López Mora distingue entre los rendimientos teóricos reconocidos a los establecimientos y las cantidades que realmente recibieron. Su investigación documenta retrasos, incumplimientos y modificaciones de capital que deterioraron la financiación asistencial.[3]
El seguimiento del Hospital de Agudos, el Hospicio, la Casa de Expósitos y el Hospital de Crónicos de Córdoba muestra que la transformación patrimonial no garantizó presupuestos más estables. Los impagos limitaron la capacidad de actuación y contribuyeron al endeudamiento o a la reducción de servicios. En determinados casos hubo cierres materiales de centros, aunque no siempre desapareciera jurídicamente la fundación.
La distinción resulta esencial: el precio alcanzado por las propiedades en subasta y el capital reconocido como compensación no equivalen a los recursos disponibles posteriormente para atender a los beneficiarios.[3]
Nuevas fuentes de financiación y reorganización
Los establecimientos recurrieron a subvenciones, derramas, arbitrios y aportaciones particulares para cubrir sus necesidades. Con ello aumentó la responsabilidad financiera de ayuntamientos, diputaciones y población contribuyente.[3]
También se modificó la relación con los donantes. Según López Mora, algunos benefactores dejaron de identificarse con centros cuyo patrimonio y administración dependían crecientemente de decisiones oficiales. Las nuevas iniciativas asistenciales tendieron a buscar ingresos alternativos a la posesión de inmuebles.
El Asilo Madre de Dios constituye un ejemplo local. Entre sus impulsores figuraban el conde de Torres Cabrera, el marqués de Villaverde y Vicente Cándido López. Su presupuesto fundacional prescindía de la explotación de bienes inmobiliarios como base del sostenimiento.[3]
La reorganización tuvo asimismo consecuencias laborales. Hospitales que antes mantenían empleados agrícolas, ganaderos o vinculados a molinos fueron simplificando esas funciones. La asistencia institucional se separó progresivamente de la explotación directa de sus antiguos recursos productivos.
Beneficencia pública y fundaciones particulares
Durante el último tercio del siglo, determinadas fundaciones particulares reclamaron títulos de deuda correspondientes a patrimonios anteriormente incorporados a establecimientos públicos. López Mora destaca los casos de las obras pías de Teresa de Córdoba y Hoces y de Francisco Ruiz Aguayo.[3]
Estos conflictos muestran que la transformación no terminó con la subasta. Continuaron las disputas sobre la titularidad de las compensaciones y sobre el destino que debían tener sus rendimientos, atendiendo a las disposiciones de los fundadores.
Patrimonio artístico y documental
La desamortización afectó a edificios religiosos y a bienes muebles que tenían destinos diferentes a los de las fincas agrícolas. Los inventarios de Santa María de los Ángeles permiten seguir pinturas, esculturas, objetos de plata, libros y papeles, y documentan una biblioteca de 143 volúmenes.[5]
La comparación de inventarios de distintas etapas revela diferencias en la relación de objetos. Sin embargo, una ausencia documental no permite decidir automáticamente si una pieza fue trasladada, ocultada, vendida o sustraída. Palencia presenta distintas posibilidades, sin resolver de manera uniforme el destino de todos los bienes.
Los propios expedientes desamortizadores se han convertido en fuentes para reconstruir patrimonios desaparecidos. En el caso benéfico, López Mora considera que las relaciones de bienes elaboradas desde 1855 mejoraron el conocimiento administrativo de las fundaciones, aunque subsistieran omisiones e instituciones insuficientemente identificadas.[3]
Interpretaciones sobre los grandes propietarios
El estudio de las adquisiciones exige relacionarlas con las trayectorias anteriores y posteriores de cada comprador. La compra de una finca puede representar la formación de un patrimonio, la ampliación de otro existente o una operación seguida de reventa. Simón Segura insiste en la necesidad de conocer la posición económica de los adquirentes y el uso que hicieron de sus propiedades.[1]
La investigación de María Auxiliadora Guisado Domínguez sobre la casa de Guadalcázar aporta una perspectiva complementaria. Frente a una imagen uniforme de la nobleza como grupo pasivo y absentista, analiza una estrategia económica activa y destaca la importancia de la dinámica familiar en la posterior disgregación patrimonial. Su trabajo sitúa la evolución de la casa dentro de la reforma agraria liberal y de las transformaciones de la gran propiedad.[7]
El balance histórico debe considerar, además de las adquisiciones privadas, la desaparición de rentas institucionales y las respuestas de los municipios y establecimientos benéficos. La historia de los grandes propietarios forma parte de una transformación más amplia de la financiación local, de la asistencia y de las relaciones entre patrimonio, poder y sociedad.
Fuentes y límites de las cifras
Para interpretar la documentación es necesario distinguir:
- Bienes inventariados y bienes vendidos: un registro de propiedades destinadas a la venta no acredita la realización de todas las subastas.
- Tasación y remate: la valoración administrativa inicial puede diferir del precio de adjudicación.
- Adjudicatario y titular posterior: las representaciones, cesiones, reventas y herencias pueden modificar la identidad del propietario.
- Propiedad y arrendamiento: explotar una finca no equivale a poseerla, como demuestra el caso del convento de los Ángeles.
- Ámbitos territoriales: prefectura, provincia, obispado y término municipal no son demarcaciones intercambiables.
- Unidades de superficie: fanegas y aranzadas requieren identificar sus equivalencias locales antes de convertirlas a hectáreas.
Los estudios citados combinan boletines de ventas, inventarios, registros económicos y documentación institucional. La comparación entre esas fuentes permite reconstruir operaciones concretas y evita atribuir a una sola etapa patrimonios formados mediante procesos sucesivos.[2][1][5][6]
Véase también
Referencias
- ↑ 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 Simón Segura, Francisco: «La desamortización española del siglo XIX», Papeles de Economía Española, 20, pp. 74-107.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 Domínguez Bascón, Pedro (1998): «La desamortización rústica y urbana de José Bonaparte en la prefectura de Córdoba (provincias de Córdoba y Sevilla)», Boletín de la Real Academia de Córdoba, 134, pp. 179-202.
- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 López Mora, Fernando (1996): «La desamortización del patrimonio benéfico en Córdoba durante el liberalismo: primera valoración y consecuencias (II)», en Actas del II Congreso de Historia de Andalucía. Andalucía Contemporánea (II), Córdoba, Junta de Andalucía y Obra Social y Cultural CajaSur, pp. 85-101.
- ↑ 4,0 4,1 4,2 Mata Olmo, Rafael (1987): Pequeña y gran propiedad agraria en la Depresión del Guadalquivir, Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. «La diversidad del proceso desamortizador campiñés: nacimiento y reforzamiento de pequeños y grandes propietarios», especialmente pp. 38-49 y cuadros 39 y 40.
- ↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 Palencia Cerezo, José María (2008): «Dos inventarios de la desamortización del convento de Santa María de los Ángeles de Hornachuelos», Crónicas de Córdoba y sus pueblos, XIV, pp. 155-167.
- ↑ 6,0 6,1 6,2 6,3 Muñoz Dueñas, María Dolores: «Desamortización y abolición del diezmo en Córdoba», pp. 25-48.
- ↑ Guisado Domínguez, María Auxiliadora (2022): «Estrategias patrimoniales de un gran propietario en el siglo XIX: el marqués de Guadalcázar», Pasado y Memoria, 25, pp. 108-134. DOI: 10.14198/PASADO2022.25.05.
Bibliografía complementaria
- López Ontiveros, Antonio (1971): «La desamortización de fincas rústicas en los municipios de la Campiña de Córdoba», Boletín de la Real Academia de Córdoba, 91, pp. 49-110.
- Muñoz Dueñas, María Dolores; Acosta Ramírez, Francisco; Mata Olmo, Rafael (1993): «La propiedad de la tierra en Córdoba a la luz de una fuente inédita: la Estadística de Riqueza de 1818», Catastro, 16, pp. 69-80.